Temática: Derechos Sexuales y Reproductivos
Entidad: Comité CDPD
Fecha: 15/07/25
El 15 de julio en compañía de otras organizaciones y de mujeres con discapacidad tuvimos un encuentro privado con la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass. Allí, destacamos la persistencia de la brecha entre las políticas de discapacidad y las de género. Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibilizadas en las leyes contra la violencia de género, en las políticas de cuidado y en los marcos de derechos sexuales y reproductivos. También se carece de una mirada de género en las políticas de discapacidad ni una perspectiva de discapacidad en la legislación de género. Esta desconexión normativa facilita que sus voces queden al margen y que sus necesidades específicas no sean atendidas de manera coordinada.
Por otro lado, se expuso el problema central que es la ausencia de Educación Integral para la Sexualidad (ESI) adaptada a las edades y necesidades de los niñas, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, con mayor ausencia o negación de su enseñanza a las niñas y mujeres. Sin materiales y formatos accesibles basados en evidencia científica, ellas carecen de herramientas para formar relaciones afectivas sanas, planificar sus familias o conocer opciones de atención tanto en salud sexual como reproductiva.
En cuanto al derecho a la interrupción del embarazo, manifestamos con preocupación que el personal médico con frecuencia transmite información sesgada y fundamentada en prejuicios capacitistas, cuestionando la idoneidad de las mujeres con discapacidad para la maternidad y presentándolas como una carga. A esto se suma la supervisión insuficiente del Ministerio de Salud para garantizar que las solicitudes de aborto sean voluntarias, situación que facilita la coerción por parte de familiares.
Tambien se mencionó que aunque la política pública colombiana reconoce una perspectiva de discapacidad para los derechos sexuales y reproductivos, los mecanismos de seguimiento y sus indicadores siguen siendo insuficientes para valorar el impacto de estas apuestas en la población con discapacidad. Las barreras para el ejercicio pleno de la autonomía reproductiva no son solo normativas sino prácticas. Aunque existen disposiciones como la Resolución 3280 de 2018 y la Ley 2244 de 2022, que protegen el derecho a decisiones informadas en embarazo, parto y clases de preparación a la maternidad, la ausencia de medidas de accesibilidad y la disponibilidad de ajustes razonables, así como la persistencia de prácticas de sustitución de voluntad, vulneran la dignidad de las mujeres con discapacidad en todo el territorio colombiano.
Tales prácticas sin duda van en contravía de lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019 frente a la presunción de capacidad jurídica de todas las personas adultas con discapacidad. ¿El reto? Como sociedad no hemos asumido y apropiado la comprensión de que la toma de decisiones en salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es también un ejercicio de la capacidad legal que debe protegerse sin discriminación.