Hablar de aborto desde la discapacidad es abrir una conversación necesaria sobre autonomía, accesibilidad y derechos. Aunque en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho reconocido por múltiples sentencias, las experiencias de las personas con discapacidad muestran que entre la ley y la realidad hay una gran distancia.
La investigación “Prácticas en el acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo de personas con discapacidad en Colombia” financiada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) buscó comprender cómo viven las mujeres y personas gestantes con discapacidad el acceso a la IVE, qué barreras enfrentan y qué prácticas podrían garantizar un ejercicio más justo y accesible del derecho a decidir.
Entre el reconocimiento legal y la negación práctica
El punto de partida es claro: el derecho a la IVE está garantizado para todas las personas, sin discriminación. Pero en la práctica quienes tienen una discapacidad se encuentran con un sistema de salud poco preparado para acompañarlas.
Las barreras van desde la falta de información accesible hasta prejuicios de profesionales de salud que dudan de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
A esto se suma una serie de obstáculos cotidianos: centros médicos sin accesos físicos adecuados, servicios que no cuentan materiales accesibles como lectura fácil, audio o en lengua de señas, e incluso la ausencia de personal formado para ofrecer ajustes razonables adecuados durante el proceso. En muchos casos las mujeres deben recibir los servicios sin apoyos, enfrentar los prejuicios y el estigma o depender de la voluntad del personal médico para recibir atención.
El doble estándar reproductivo
Una de las principales reflexiones de la investigación tiene que ver con lo que se llamó un doble estándar reproductivo. Mientras que las mujeres sin discapacidad siguen siendo juzgadas o culpabilizadas por decidir abortar, las mujeres con discapacidad suelen ser vistas como personas que deberían hacerlo, bajo la idea de que no son “aptas” para maternar.
Este prejuicio se enmarca en una lógica capacitista y eugenésica que aún persiste: la idea de que la vida de una persona con discapacidad vale menos o que su maternidad representa un error que debe evitarse. Así, el derecho a decidir se ve afectado por una mirada moral y médica que sigue cuestionando su capacidad de ejercer su autonomía corporal.
El rol del personal de salud
El estudio encontró que muchas de las barreras se sostienen en el paternalismo médico. Algunos profesionales toman decisiones “por el bien” de la paciente, sin preguntar, sin ofrecer información suficiente u ofreciendo información sesgada porque consideran que no son capaces de comprender los procedimientos ni de tomar decisiones sobre su cuerpo. Otras veces, la exigencia de acompañamiento familiar o la intervención de terceros sustituye la voluntad de la persona gestante, desconociendo su derecho a decidir y a recibir información accesible y comprensible tal como se plantea en la Resolución 051 de 2023.
Además las trabas administrativas —como exigir juntas médicas o valoraciones adicionales— retrasan la atención y funcionan como una forma de negación del derecho, deslegitimando la decisión de la persona basada en un capacitismo.
A eso se suma la falta de formación en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de discapacidad que agrava esta situación. Esto termina impactando la atención la cual suele centrarse en el diagnóstico médico y no en la voluntad de la persona, lo que genera prácticas discriminatorias y en muchas ocasiones violencias institucionales, ginecobstetricas o psicológicas.
Accesibilidad, apoyos y cuidado
Garantizar el derecho a la IVE a las personas con discapacidad no pasa solo por tener disponibles servicios, sino por hacerlos accesibles y de calidad. Esto además implica que se reconozca la necesidad de apoyos personalizados que no sustituyan la decisión, sino que la fortalezcan.
También significa repensar el aborto desde una lógica de cuidado que acompañe los procesos de decisión sin juicios, respetando los tiempos de cada persona y ofreciendo entornos seguros, confidenciales y empáticos.
Hacia un enfoque anticapacitista del derecho a decidir
La investigación muestra que hablar de aborto desde la discapacidad no significa abrir un tema nuevo, sino ampliar la conversación sobre la autonomía reproductiva. Incorporar una mirada anticapacitista implica reconocer la diversidad de experiencias y necesidades de las personas con discapacidad, así como las distintas condiciones desde las que cada una accede a la información, a los servicios y a la posibilidad real de decidir.
Ejercer la autonomía no siempre significa decidir en soledad. En muchos casos, hacerlo requiere contar con apoyos, entornos accesibles y ajustes razonables que garanticen que las decisiones sean verdaderamente libres e informadas.