Temática: Derechos sexuales y reproductivos
Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social
Fecha: 04/08/2026
El 4 de agosto de 2026 asistimos a la presentación de la
Resolución Conjunta 1350 de 2026, suscrita por los ministerios de Salud y
Protección Social, del Trabajo, de Educación Nacional y de las Culturas, las
Artes y los Saberes. Su mensaje central es que los derechos sexuales y
reproductivos no pueden garantizarse solo desde los servicios de salud. Por eso
la política se organiza en torno a la transectorialidad: garantizar estos
derechos exige responsabilidades compartidas entre los sectores de salud, educación,
trabajo y cultura, las autoridades territoriales, las entidades administradoras
de planes de beneficios, las instituciones prestadoras de servicios, las
comunidades y las organizaciones sociales.
Con esta resolución se adopta la Política Nacional
Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
2026-2035: una hoja de ruta estatal para los próximos diez años. Su objetivo
general es avanzar hacia el reconocimiento, el respeto, la protección y la
garantía efectiva de estos derechos, y promover una sexualidad plena y
saludable, mediante acciones transectoriales que reduzcan las brechas y
barreras para su ejercicio en todo el territorio nacional.
La política parte de una comprensión amplia de la
sexualidad: la reconoce como un aspecto central de la vida humana a lo largo de
todo el curso de vida. También reconoce que muchas vulneraciones no se explican
únicamente por la ausencia de servicios: intervienen los estereotipos de género,
el estigma, la discriminación, los prejuicios sobre la sexualidad y las
relaciones desiguales de poder. Por eso, uno de sus objetivos es transformar
las normas sociales y de género y promover relaciones basadas en el respeto.
La política integra ocho enfoques: derechos humanos,
transectorialidad, territorial, género, étnico-cultural, curso de vida,
discapacidad e interseccional. Así, las barreras no se analizan bajo un solo
lente ni de manera aislada. Sobre el enfoque de discapacidad: su inclusión
conforme a los estándares de derechos humanos es importante, pero también lo es
que se materialice en información y educación
sexual disponibles en formatos accesibles; en el respeto por la autonomía, la
privacidad y el consentimiento libre e informado; y en la prevención de la
violencia sexual, reproductiva y obstétrica contra niñas, adolescentes y
mujeres con discapacidad. Además, los procesos de rendición de cuentas deberían
poder demostrar qué barreras se identificaron, qué medidas se adoptaron y cómo
participaron las personas con discapacidad en esas decisiones.
Celebramos este avance, pero lo hacemos con los ojos
abiertos. La resolución se expidió en los últimos días del gobierno saliente,
su implementación queda ahora en manos de una nueva administración y ya
enfrenta una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Por eso la
entendemos como una conquista que hay que defender, no como un hecho consumado:
dependerá de que la política se financie, se implemente en los territorios y se
sostenga frente a los intentos de revertirla.