Tras un año de la Sentencia T-199 de 2025 reiterando que la esterilización de las mujeres con discapacidad debe reconocer su voluntad, los discursos para desconocerla siguen vivos. La expresión de la voluntad no sólo supone el aceptar o no el procedimiento, sino comprenderlo de manera clara y completa junto con sus consecuencias, y que la manifestación de voluntad sea libre. Sin embargo, aún seguimos escuchando familias que solicitan la realización de dicho procedimiento a nombre de sus hijas y médicos dispuestos a concederlo pues “resulta obvio” que la mujer con discapacidad no tiene la capacidad de comprender “la importancia y el bien” que supone para ella y su familia.
Aquí no sólo se trata de señalar que el capacitismo y la negación de la autonomía como lógicas de discriminación y reducción de derechos siguen vivos en las familias, los profesionales de la salud y la sociedad. Es de mi parecer que también se requiere pensar cómo tras más de una década de esfuerzos normativos y jurisprudenciales en defensa de la autonomía reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad no hemos logrado cambiar la cultura de la esterilización como “bien mayor” y “producto deseable”.
La esterilización forzada de mujeres con discapacidad rara vez es presentada como una forma de agresión. Por el contrario, se viste de preocupación por el futuro, de cuidado y de amor familiar. Llega en la voz de una madre que dice «lo hago por su bien» o de un médico que asiente porque «en el fondo todos sabemos que es lo mejor dada su condición». Esta formulación amorosa y de bienestar es precisamente la que dificulta nombrarla como violencia y combatirla. No cuestiono aquí el amor de estas familias ni su preocupación, llamo la atención de cómo ese amor ha ocupado y sigue ocupando el lugar que le corresponde a nuestra voluntad.
La preocupación por la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es real. Las mujeres con discapacidad enfrentamos un riesgo desproporcionado de abuso sexual, y eso no puede minimizarse. Este riesgo ha servido para calificar de “medida oportuna” a la esterilización no consentida. Como lo señala la propia Corte en la sentencia T-199 de 2025 citando a la Organización Mundial de la Salud: la esterilización no ofrece protección contra el abuso sexual. Pero hay que decirlo claro: lo que sí hace esa esterilización es eliminar la posibilidad de un embarazo que resulta indeseable para la familia, para el sistema y para una sociedad que sigue sin aceptar que las mujeres con discapacidad podemos ser madres. Esto no es un acto de protección, sino una neutralización de las consecuencias del abuso a través de nuestros cuerpos y sin nuestra voluntad. La Corte lo nombró con todas sus letras: las justificaciones de la esterilización no consentida dan cuenta de un sesgo discriminatorio y capacitista que desconoce la agencia, la dignidad y la autonomía de las mujeres y niñas con discapacidad, y puede constituir tortura o trato cruel, inhumano y degradante.
El capacitismo imbuido en la sociedad no requiere humillar. Existe y subsiste en formularios diseñados para ser firmados por otra persona, en consultas médicas donde el profesional le habla a quien acompaña y no a nosotras, y en protocolos donde es válido decirnos “luego tu mami te explica, no te preocupes”. Son prácticas institucionalizadas, eficaces y libres de cuestionamiento porque nadie las reconoce como discriminatorias.
Detrás de todo lo que he nombrado hay una idea que rara vez se dice explícitamente, pero que organiza la lógica de fondo: que los derechos de las mujeres con discapacidad se miden según cuánto podemos hacer solas, que nuestra autonomía vale en proporción a nuestra «autonomía funcional»… que quienes necesitamos más apoyos para comunicarnos, para movernos o para tomar decisiones, tenemos menos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, aunque no lo digan a viva voz. Esta es la estructura que facilita y permite la práctica de esterilizaciones no consentidas, esta es la cultura del «necesita apoyo para decidir porque no puede decidir». Esta es la interpretación que nos desaparece el derecho a la autonomía reproductiva.
Es tiempo de que la pregunta cambie de cuánto puedes hacer sola a qué necesitas para decidir. Mientras esa pregunta no cambie, mientras que lo que se mire son los puntajes en autonomía… la cultura de la esterilización no consentida como «bien mayor» va a seguir viva. Puede que con menos impunidad, con más trámites y con más reiteraciones que la nombren como violencia… pero va a seguir porque aún hoy, en 2026, para muchos resulta inconcebible que una mujer que necesita apoyos para decidir sea, al mismo tiempo, plenamente dueña de su cuerpo.
Nuestros cuerpos no son un riesgo que neutralizar y nuestra voluntad no es un obstáculo que superar.