El pasado 4 de octubre participamos en un encuentro con organizaciones que promueven el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), donde se compartieron reflexiones centrales. Se reafirmó que la IVE es un derecho fundamental, reconocido por la Corte Constitucional, conectado con la salud, la autonomía y la dignidad. Se enfatizó el deber del Estado de informar de manera clara y accesible sobre las normativas y servicios disponibles, ya que la falta de difusión efectiva impide el ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, se destacó el rol clave de las redes de acompañamiento en abortos autogestionados, quienes requieren conocimientos técnicos sobre medicamentos, límites del acompañamiento y tiempos gestacionales, para actuar con seguridad y respeto. Finalmente, se visibilizaron prácticas de castigo que configuran violencia obstétrica, como la remisión obligatoria a psiquiatría sin justificación.