Temática: Derechos sexuales y reproductivos
Entidad: Polimorfas
Fecha: 17/10/20
Este taller buscó concientizar a las mujeres con discapacidad sobre la estrecha e histórica relación entre el derecho a decidir y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La reflexión principal giró alrededor de por qué al día de hoy nuestros cuerpos siguen siendo en cierta medida un territorio que no nos pertenece.
El 17 de marzo, Polimorfas participó en el webinar “Derechos sexuales y reproductivos y discapacidad: hacia una garantía plena, informada y sin barreras”, convocado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El espacio permitió abrir una conversación urgente sobre el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, frente a una historia marcada por la restricción de su autonomía, especialmente en el caso de las mujeres. Uno de los temas centrales fue el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia y su relación con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la justicia.
El 6 de marzo, la Corte Constitucional invitó a Polimorfas a un espacio de reflexión sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. La intervención de la Corporación resaltó que, a lo largo de quince años, la Corte ha desmontado progresivamente esa lógica al afirmar que los derechos sexuales y reproductivos son una expresión de la dignidad y la autonomía. Esto implica que la pregunta no debe ser quién decide por la mujer, sino cómo garantizar que pueda decidir por sí misma mediante información accesible, ajustes razonables y apoyos. También se subrayó que vulnerar la autonomía reproductiva es violencia de género y que la sentencia T-199 de 2025 reafirma que el Estado debe garantizar derechos, no intervenir cuerpos.
Texto de opinión escrito por Diana Cely que invita a reflexionar cómo el acceso al aborto desde la discapacidad exige poner en el centro la autonomía y la accesibilidad. Aunque la IVE es un derecho en Colombia, persisten brechas entre norma y práctica: información no accesible, prejuicios que cuestionan la capacidad para decidir y servicios sin ajustes razonables ni apoyos. El estudio evidencia un doble estándar reproductivo y paternalismo médico que sustituye la voluntad, imponiendo trabas administrativas. Garantizar el derecho implica servicios de calidad, apoyos que fortalezcan decisiones y un enfoque anticapacitista que reconozca diversidad, elimine estigmas y asegure entornos seguros.