Temática: Enfoque de género
Entidad: Coalición Colombia por la Implementación de la CDPD
Fecha: 08/10/2026
El pasado 8 de octubre, Polimorfas participó en un diálogo sobre el CONPES 4198, Política Nacional de Discapacidad 2026-2035. La conversación permitió reconocer avances, pero también volver sobre una pregunta que persiste: ¿En qué medida esta política transformará la vida de las mujeres con discapacidad?
El diagnóstico recoge desigualdades conocidas: nuestra participación laboral es del 31,5 %, frente al 46,1 % de los hombres con discapacidad; el acceso a servicios de salud alcanza el 59 %, frente al 64 % de ellos. También reconoce la violencia sexual que enfrentamos, especialmente las mujeres con discapacidad múltiple y cognitiva, una problemática abordada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General núm. 3.
Pero identificar brechas no basta. Una mirada feminista e interseccional exige analizar cómo el género, la discapacidad, la clase, el territorio y las responsabilidades de cuidado se combinan para limitar nuestras oportunidades de estudiar, trabajar y decidir.
Mucha accesibilidad, pero ¿para quién?
El costo indicativo del CONPES es de 5,66 billones de pesos para diez años. Aproximadamente el 87 % se destina al objetivo de accesibilidad física, comunicacional y digital; el Ministerio del Deporte concentra cerca del 85,6 % del total.
El deporte y la recreación son derechos. La cuestión no es oponerse a estas inversiones, sino conocer su alcance: ¿cuánto financiará efectivamente la eliminación de barreras y cuánto corresponde a obras ya previstas? ¿Cómo se evaluará su impacto en la participación de las personas con discapacidad?
La acción de infraestructura dirigida expresamente a las mujeres busca mejorar la accesibilidad de las Casas para la Dignidad de las Mujeres. Es necesaria, pero una ruta de atención a las violencias no es accesible si las barreras reaparecen en comisarías, centros de salud o despachos judiciales. Necesitamos poder ingresar, comunicarnos, comprender la información y participar en las decisiones.
Cuando faltan apoyos, las mujeres ponemos el tiempo
Según el CONPES, en 2021 el 74,7 % de las personas con discapacidad que requerían cuidados permanentes dependía exclusivamente de alguien de su hogar, principalmente de las madres. Entre las personas certificadas, el 37,5 % manifestó necesitar ayuda de otra persona, pero solo el 14 % reportó recibirla.
Estas cifras muestran la urgencia de garantizar servicios de apoyo y asistencia personal. Cuando el Estado no los asegura, las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, con consecuencias sobre su empleo, sus ingresos y su participación social.
También se restringe la autonomía de las propias personas con discapacidad: depender forzosamente de familiares para actividades cotidianas reduce nuestras posibilidades de elegir cómo vivir. No hay autonomía económica ni vida independiente sin una redistribución efectiva del cuidado y sin apoyos suficientes.
Acceder a la justicia no debería ser otra lucha
El CONPES reconoce las dificultades para implementar la Ley 1996 de 2019 y las barreras institucionales, comunicativas y tecnológicas en la justicia. No obstante, asigna al Ministerio de Justicia un costo indicativo de apenas 218,7 millones de pesos durante diez años: menos del 0,01 % del total de la política.
Aunque ese ministerio no es el único responsable de garantizar el derecho, la cifra obliga a preguntar si las acciones son proporcionales a los obstáculos diagnosticados. Además, no se identifican compromisos operativos específicos de accesibilidad judicial a cargo de la Rama Judicial, la Fiscalía o las comisarías de familia.
Para las mujeres con discapacidad, esto no es abstracto. ¿De qué sirve reconocer nuestro derecho a una vida libre de violencias si al denunciar no podemos comunicarnos, acceder a información comprensible o intervenir directamente en los procedimientos?
No bastan capacitaciones ni plataformas accesibles. Necesitamos instituciones que reconozcan nuestra capacidad jurídica, eliminen los prejuicios sobre nuestra supuesta “incapacidad” y garanticen ajustes y apoyos cuando sean necesarios.